Estado de derecho

El concepto de Estado de derecho constituye una piedra angular de las actividades de la OSCE en materia de derechos humanos y democratización. No solo abarca los marcos jurídicos formales, sino que también aspira a lograr una justicia basada en la aceptación plena de la dignidad humana. Los Estados participantes de la OSCE siguen necesitando asistencia para desarrollar sistemas judiciales que garanticen el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de todos sus ciudadanos de manera justa e independiente.

La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE apoya las reformas judiciales y legislativas a fin de garantizar que los poderes judiciales funcionen libres de cualquier influencia indebida. La OIDDH fomenta también las reformas institucionales para que los agentes principales de la justicia penal estén en mejores condiciones de desempeñar su labor de forma transparente y de conformidad con las obligaciones en materia de derechos humanos. La OIDDH supervisa juicios para evaluar las garantías procesales y promover reformas basadas en los principios del Estado de derecho en el ámbito de la justicia penal, civil y administrativa.

Algunas de las operaciones de la OSCE sobre el terreno actúan en la esfera del Estado de derecho, concretamente en las siguientes actividades:

• Reforma legislativa y judicial;
• Fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
• Refuerzo de la administración pública;
• Examen y asistencia en la aplicación de la legislación relativa a los derechos humanos;
• Supervisión de la labor del poder judicial, incluidos fiscales y abogados, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y las relativas al Estado de derecho;
• Supervisión de juicios civiles;
• Cursos de fomento de capacidades para funcionarios del sector de la justicia;
• Seguimiento de procesos relacionados con crímenes de guerra, delitos de odio y trata de seres humanos;
• Información sobre delitos de odio; 
• TCapacitación de jueces, fiscales, abogados defensores y agentes de policía, organismos cívicos y gubernamentales;
• Apoyo a las instituciones anticorrupción para que mejoren sus mecanismos de responsabilidad pública;
• Fomento de la participación de las comunidades étnicas en la vida pública;
• Asistencia para garantizar la remisión adecuada de las denuncias de violaciones de los derechos humanos; y
• Contribución al desarrollo de sistemas nacionales de asistencia letrada.